Liceo República de Brasil

 

 

 

 

 

  La Constitución de la República promulgada el año 1925

 

 

Promulgada el 18 de septiembre de 1925 por el Presidente Arturo Alessandri Palma, es sometida a plebiscito el 30 de agosto del mismo año. Pone término al sistema parlamentario estableciendo un régimen presidencialista. A partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, queda subordinada al poder militar.

 

Esta Constitución se dicta en un contexto de crisis del orden oligárquico parlamentario y de ascenso de los sectores medios y populares, que tuvo su manifestación en la presidencia de Arturo Alessandri Palma (1920-1925). El 3 de septiembre de 1924, la intervención de las fuerzas armadas en la institucionalidad política, y el 12 de marzo de 1925, fecha en la que Alessandri retoma la primera magistratura luego de seis meses fuera del poder, son coyunturas históricas claves para comprender el origen del nuevo texto.

 

El proceso de elaboración de esta Carta puede resumirse como sigue: el 7 de abril de 1925, el Presidente Alessandri designa una Comisión Consultiva de 122 miembros para elaborar una nueva Carta Fundamental, y el día 16 del mismo mes, se propone la creación de dos Subcomisiones: Una Subcomisión de Reformas Constitucionales (que debía tratar el proyecto de reforma), compuesta por 15 personas designadas por el propio Alessandri, quien además presidió la Subcomisión. En tanto, la segunda Subcomisión de forma (que debía tratar los mecanismos de aprobación), se reunió solo en 3 ocasiones, no llegando a resultados satisfactorios.

 

El 23 de junio de 1925, la primera Subcomisión elaboró un primer proyecto de Constitución, y el 13 de julio, un segundo proyecto. Entre los días 22 y 23 de julio, la Comisión Consultiva revisó el proyecto, la cual ordenó devolverlo a la Subcomisión de Reforma, para que redactara el proyecto definitivo que se sometería a plebiscito, el que fue convocado por Decreto Ley N° 462, firmado por el Presidente Alessandri y sus ministros, publicado en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1925.

 

El citado Decreto Ley, aparte de convocar a un plebiscito para el día 30 de agosto de 1925, con el objeto de que los ciudadanos se pronunciaran sobre el Proyecto de Nueva Constitución, estableció la forma, modo y procedimiento en que se debía realizar el plebiscito. El artículo 2° de la norma citada, dispuso que cada elector recibiría tres cédulas: roja, azul y blanca. La primera contenía la opción: "Acepto el proyecto de Constitución presentado por el Presidente de la República sin modificación"; la roja "Acepto el proyecto de constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar Ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuestos y recursos del Estado" y la blanca de "Rechazo de todo el proyecto".

 

El día 15 de septiembre de 1925, se realiza en escrutinio general del plebiscito en conformidad al 29 del Decreto Ley, que arrojó como resultado la aprobación de la nueva Constitución, con un 43,03% de los sufragios. La nueva Constitución se promulgó y publicó el 18 de septiembre del mismo año, entrando en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

 

La nueva Carta Fundamental contenía 110 artículos distribuidos en 10 Capítulos y 10 disposiciones transitorias. Se caracteriza porque restablece el presidencialismo como régimen de gobierno, con el fin de que el Presidente de la República pudiese designar libremente a sus ministros y que éstos no pudieran ser derribados por mayorías ocasionales en el Parlamento. En definitiva, se deseaba que el Presidente de la República, quien es el Jefe del Gobierno y de Estado, ejerciera efectivamente el Poder Ejecutivo y que el Congreso Nacional se concentrara en su labor legislativa.

 

El Presidente de la República, es elegido por sufragio universal directo, siendo las dos Cámaras del Congreso, reunidas en sesión pública, las encargadas de proclamar al candidato vencedor, en caso de que obtenga más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos; de no contar en esa mayoría, el Congreso Pleno elegirá entre las dos más altas mayorías relativas; dura seis años en el cargo, sin reelección inmediata. Además de la la facultad de nombrar y remover discrecionalmente a sus ministros, los que sólo requieren contar con su exclusiva confianza para mantenerse en el cargo, ejerce funciones de colegislador y nombra a una serie de autoridades, entre ellas las los Magistrados Superiores de Justicia y los jueces letrados.

Por otra parte, la Constitución Política de 1925, otorga al Estado un rol fundamental en el desarrollo político, económico, social y cultural, consagrando un Estado Social de Derecho, el que fue perfeccionándose durante su evolución entre 1925 y 1973. Se estableció la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social.

 

Entre otras disposiciones importantes de la nueva Constitución, se encuentra la separación de la Iglesia del Estado y garantizando la más amplia libertad de conciencia y de cultos. Asimismo, termina con las llamadas "leyes periódicas" como fuente de presión política del Congreso Nacional hacia el Presidente de la República, disponiendo que si el Poder Legislativo no aprobaba la Ley de Presupuestos presentadas por el Ejecutivo en el plazo fijado por la Constitución, regiría automáticamente el proyecto presidencial.

 

En definitiva, la Constitución Política de 1925 proporcionará el marco institucional de la ampliación de la ciudadanía y del sistema político, que predominó en gran parte del siglo XX.

 

 

 

 

Felipe Portales - La Constitución de 1925

 

La actual controversia respecto de la necesidad de una nueva Constitución para establecer un auténtico régimen democrático exige -para que sea fructífera- la mayor claridad posible de nuestro pasado constitucional. Y, sorprendentemente, tanto la Constitución de 1980 como la de 1925 -más allá de obvias diferencias de contenido- comparten dos características cruciales: ambas fueron elaboradas por un pequeño grupo designado por un dictador, e igualmente fueron impuestas por el ejército.

 

En efecto, si bien Arturo Alessandri había sido electo constitucionalmente en 1920 como presidente de la República, luego de volver en marzo de 1925 de su autoexilio en Europa -provocado por un golpe militar en septiembre de 1924- gobernó el resto de su periodo sin Congreso Nacional y con decretos-leyes. Su dictadura fue en conjunto con la oficialidad joven del ejército, liderada por Carlos Ibáñez del Campo, quien ocupaba desde enero de 1925 (producto de otro golpe que desplazó a los oficiales conservadores que se habían hecho del poder en septiembre) el Ministerio de Guerra (Defensa).

 

Alessandri e Ibáñez representaban los ideales de una clase media emergente que buscaba ampliar la república exclusivamente oligárquica instaurada luego de la guerra civil de 1891. Con ello pretendían, además de incorporar a la clase media al aparato del Estado, convertir a éste en un efectivo agente de industrialización y desarrollo económico, superando las decimonónicas concepciones económicas liberales que confiaban en la inserción solitaria y dependiente del país en el mercado mundial. Pero, a la vez, ambos compartían con los sectores oligárquicos un profundo temor al “empoderamiento” de las mayoritarias y pobrísimas clases populares, sobre todo teniendo a la vista la amenazante y reciente revolución bolchevique, que proponía explícitamente su propagación mundial.

 

Contra la oligarquía y la revolución

 

Por ello su lucha se daba en dos frentes. Contra la oligarquía conservadora, que había hecho ya todo lo posible entre 1920 y 1924 para frustrar los intentos reformistas de Alessandri y la Alianza Liberal. Y contra el eventual peligro revolucionario, que podría gestarse desde la Izquierda. El “contragolpe” del 23 de enero de 1925, liderado por Ibáñez, había logrado reprimir hacia marzo los intentos subversivos de la derecha; y había concitado gran apoyo popular al liberar a los presos políticos y establecer la progresividad del impuesto a la renta, los derechos civiles de la mujer y -sobre todo- el Decreto-Ley 261 “en virtud del cual se reduce transitoriamente hasta su cierre, demolición o reparación, en un 50% la renta de arrendamiento de las viviendas declaradas insalubres por la autoridad sanitaria” (Emilio Bello Codesido, Recuerdos políticos. La Junta de Gobierno de 1925. Su origen y relación con la reforma del régimen constitucional, Edit. Nascimento, 1954; p. 161-2).

 

Sin embargo, lo anterior fortaleció las expectativas y luchas de los sectores populares, lo cual exacerbó los temores oligárquicos y de clase media. Así, una vez llegado de vuelta Alessandri a la Presidencia, se comenzó a endurecer progresivamente el gobierno de facto contra las huelgas y los movimientos populares. Se aprobó una legislación represiva contra la prensa (Decreto-Ley 425 sobre Abusos de Publicidad); se modificó la ley de vivienda a favor de los propietarios de conventillos; y se creó en la policía “una oficina central encargada de controlar la creación, el funcionamiento y todas las actividades de las sociedades obreras” (La Revista Católica; 2-5-1925). Por otro lado, en la pampa salitrera los empleadores, con la colaboración de la policía, impedían que se constituyeran sindicatos o lograban que sus dirigentes “fueran arrestados, acusados de alterar el orden público y fomentar luchas civiles, declarados culpables y expulsados de la pampa” (James Morris, Las elites, los intelectuales y el consenso, Edit. del Pacífico, 1967; p. 209).

 

Masacre de la Coruña

 

Todo esto culminó con el envío al norte de un regimiento en un barco de guerra, para suprimir huelgas en Tarapacá; la declaración de estado de sitio en Tarapacá, Antofagasta y en la zona del carbón; y la feroz masacre de La Coruña -oficina salitrera de Tarapacá- donde se mataron centenares o miles de trabajadores, la que se reseñará en un artículo próximo de esta serie.

 

 Como colofón de esta ola represiva, el ministro Ibáñez envió una circular al Cuerpo de Carabineros que ordenaba: “No debe tolerarse que continúe la prédica contra el orden civil, causa inmediata de la catástrofe de la pampa salitrera (…) Debemos iniciar campaña pro salud social; perseguir a los chantajistas sociales; a los que se burlan de nuestras glorias militares. Se tendrá en lo sucesivo por los Carabineros mano firme, sin contemplaciones contra los agitadores. Se recomienda a los oficiales se noticien de los malos maestros que explotan a la Patria y conspiran contra ella e informarán a la Comandancia General de Armas (…) que se reduzca a prisión inmediatamente a los manifestantes u oradores que en mítines ofendan a S. E. el presidente de la República, a las autoridades y a las fuerzas armadas, y no permitirán los Carabineros que se ostente otra bandera que no sea la de Chile o la de sociedades con personalidad jurídica. En el futuro se prohibirá enérgicamente se ostente bandera roja, que simboliza la anarquía y el desorden. Se vigilará no se publiquen pasquines o periódicos en que se haga campaña disolvente, se ofenda a las autoridades y se insulte a las instituciones armadas y se incite a la rebelión” (Enrique Monreal, Historia completa y documentada del periodo revolucionario 1924-1925, Imprenta Nacional, 1929; p. 375).

 

Adios a la constituyente

 

 En este contexto se diluyó el compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente democráticamente electa, enunciado de la oficialidad joven y el propio Alessandri en la idea de generar un nuevo sistema político. En su lugar, Alessandri designó dos comisiones: una pequeña -de quince miembros- destinada a elaborar un anteproyecto de nueva Constitución. Y una grande -de 122 personas- que, si bien teóricamente se diseñó para estudiar las modalidades que tendría la Asamblea Constituyente, solo se reunió finalmente para aprobar el texto; el que luego se sometería a plebiscito.

 

 Ambas fueron designadas íntegramente por el propio Alessandri, con visos de pluralidad pero preocupándose de que fuesen integradas por una gran mayoría de liberales, radicales y democráticos afines a su persona. Esto fue particularmente claro en el caso de la comisión chica. Así, sus miembros fueron -además del propio Alessandri- los liberales Domingo Amunátegui, Luis Barros, José Guillermo Guerra, Pedro Nolasco Montenegro, Eliodoro Yáñez y Héctor Zañartu; los radicales Ramón Briones, Enrique Oyarzún y Carlos Vicuña; los conservadores Romualdo Silva y Francisco Vidal; el democrático Nolasco Cárdenas; el comunista Manuel Hidalgo; y el joven independiente Roberto Meza Fuentes.

 

Su integrante, Carlos Vicuña, nos ilustra cómo funcionó: “La Constituyente Chica (…) presidida activamente por Alessandri, empezó a producir, artículo por artículo, una Constitución entera. A veces, se copiaba la de 1933; otras, se borraba, enmendaba o interpolaba atrevidamente su texto. Este trabajo lo hizo Alessandri con gran habilidad e intrepidez: cuando se trataba de materias meramente jurídicas o de redacción oía deferentemente las opiniones de todos, pero cuando había de por medio una cuestión fundamental o en que tuviese él su particular punto de vista, con mil artimañas se salía con la suya” (Carlos Vicuña, La tiranía en Chile. Edic. LOM, 2002; p. 314). “Con la suya”, significaba generar una carta fundamental autoritaria-presidencialista.

 

 El hecho es que el texto elaborado impedía virtualmente que el Congreso Nacional aprobara leyes si el presidente de la República se oponía a ellas; ya que esta oposición solo podía ser superada por una muy improbable insistencia de más de 2/3 de los miembros de cada Cámara; y le confería al presidente un pleno dominio de la agenda legislativa, al estipular una prioridad permanente del tratamiento de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo si este los consideraba de “urgencia”, es decir, que debían ser tratados en menos de 30 días. Además, eliminaba las interpelaciones del Congreso a los ministros y le permitía al presidente declarar el estado de sitio cuando el Parlamento no estuviese en funciones. Es decir, cuando desde septiembre a mayo no estuviese convocado por el presidente a sesiones extraordinarias.

 

Oposición al proyecto

 

 Esto generó una dura oposición al proyecto de parte de los partidos Radical, Conservador y Comunista y de diversas personalidades liberales. Estas opiniones críticas se hicieron sentir en el seno de la comisión grande, cuando fue citada para pronunciarse sobre el proyecto. Sin embargo, toda oposición fue obviamente “derrotada” luego de la fulminante intervención del miembro de la comisión y comandante en jefe del Ejército, Mariano Navarrete, quien señaló: “No hay necesidad de ser un gran constitucionalista para declarar, sin temor de equivocarse, que los resultados del sistema parlamentario han sido desastrosos para el país (…) El país está harto de la politiquería mezquina y quiere, de una vez por todas, tener un gobierno fuerte, capaz de orientar los destinos de la Nación hacia una era de progreso y bienestar social. Los dirigentes de los diversos partidos políticos en que está dividida la opinión pública deben aprovechar en esta ocasión las múltiples lecciones objetivas que han recibido desde el 5 de septiembre hasta el día de hoy. De ellas deben deducir lo que el país quiere como, asimismo, inclinarse respetuosamente ante su voluntad soberana, pues de otro modo tendremos a corto plazo que hacer, bajo la presión de la fuerza, las reformas que, en representación del pueblo, ha reclamado de modo tan significativo el elemento joven del ejército (…) ¿Qué ocurriría, señores, si las esperanzas de la juventud fueran defraudadas en esta ocasión? No quiero hacer pronósticos desagradables. Dejo a vuestro ilustrado criterio la tarea de formular la contestación de esta delicada pregunta” (Mariano Navarrete, Mi actuación en las revoluciones de 1924 y 1925, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2004; pp. 304-5).


Después de esta amenaza -¡efectuada por un gobierno de facto!- no le quedó otra cosa a la oposición que abandonar la comisión. Luego se hizo un plebiscito que -al igual que en 1980- no cumplió con ningún requisito de una elección libre. Así, de acuerdo al propio Carlos Vicuña, “Alessandri se dedicó a ganar la votación contra viento y marea (…) llenó el país a costa del Estado de una propaganda tendenciosa y profusa. Comprometió autoridades (…) empleados, funcionarios, movilizó el ejército y las policías y persiguió con mano de hierro la propaganda que los partidos políticos pretendieron hacer (…) En Santiago los meetings fueron disueltos por la policía y los oradores radicales arrastrados a la prisión” (Ibid; p. 348). Además, ¡el plebiscito se efectuó con un voto transparente (como la “consulta” de 1978), al hacerse con cédulas de colores!: rojo para el texto impuesto por el ejército en la comisión; azul para un régimen parlamentario modificado; y blanco para el rechazo de ambos. De todas formas, de un total de 302.304 inscritos, solo 127.509 (el 44.9%) votó a favor del texto de Alessandri, el cual obtuvo el 93,9% de los sufragantes.

 

Opiniones sobre la Constitución de 1925

 

Por último, respecto del contenido de la Constitución de 1925, resultan muy ilustrativas las opiniones de dos connotadas personalidades -una nacional y otra internacional- que no estuvieron en el fragor de la lucha partidista del momento. Se trata del connotado jurista alemán Hans Kelsen (1926), y del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1949).

 

El primero señaló que “la nueva Constitución chilena es un producto de aquel movimiento antiparlamentario que hoy se propaga también en Europa (…) la Constitución incluye una serie de disposiciones que conducen desde ahí hasta muy cerca de las fronteras de aquella forma que hoy se acostumbra a denominar una dictadura. Esto se observa especialmente en el campo legislativo (…) la tramitación legislativa está regulada en una forma que asegura al presidente una influencia decisiva (…) contra la voluntad del presidente, el Parlamento solo puede imponer su propósito legislativo si persevera en su determinación con una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras. Si se trata en cambio de una reforma constitucional, el presidente puede acudir al pueblo en contra de esa mayoría calificada y convocar a un referéndum (Art. 109). Esto significa, en la práctica, que no puede dictarse una ley contra la voluntad del presidente” (Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle, La República en Chile. Teoría y política del constitucionalismo republicano, Edic. LOM, 2006; pp. 121-2).

 

 El segundo señaló que con dicha Constitución se pasó “a un (Poder) Ejecutivo tan fuerte como tal vez no exista otro, con tal suma de facultades”, que “se convirtió en un régimen presidencial de desmesurada concentración de poderes e influencias”, de tal manera que “el peligro del sistema reside en su tendencia casi orgánica a la dictadura legal del presidente y permite con facilidad que este sea tentado a abusar de sus facultades. Supremo dispensador de beneficios y honores, puede influir de manera desmesurada en la vida del país y, por lo mismo, quebrantar toda oposición o buscar medios indirectos, pero eficaces, de silenciarla” (Eduardo Frei, Historia de los partidos políticos chilenos, Edit. del Pacífico, Santiago, 1949; pp. 201-3).

 

Fuente: Revista Punto Final

Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios muy relevantes de la historia de nuestro país que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro de su autor: Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

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